El Consell de la Generalitat Valenciana aprobó este martes un incremento salarial del 0,5 % para más de 150.000 empleados públicos, que se aplicará en la nómina de noviembre. La medida, decidida en el Consejo de Ministros del 1 de julio de 2024, no es un regalo, sino el cumplimiento de una cláusula técnica del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022. Y aunque suena pequeño —medio punto porcentual—, para muchos trabajadores de la Comunitat Valenciana, especialmente en Educación, Sanidad y Justicia, significa un respiro. Un respiro que, sin embargo, llega demasiado tarde y con demasiado poco.
¿Por qué justo un 0,5 %?
La clave está en los números. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación acumulada (IPCA) entre 2022 y 2024 fue del 12 %. El Acuerdo Marco, en cambio, había comprometido un aumento fijo del 8 % en ese mismo periodo. La diferencia: 4 puntos. Y por cada punto por encima del 9,8 % acumulado, el pacto estipulaba un 0,5 % adicional. Así que, matemáticamente, no había otra opción. Pero aquí está el quid: el poder adquisitivo. Ese 0,5 % no compensa ni de lejos lo que se ha perdido. Mientras los precios de la electricidad, el transporte y los alimentos básicos —como los huevos, que subieron un 30 % en un año— se disparaban, los sueldos públicos apenas se movían.
El Gobierno central y los sindicatos: una guerra de palabras
El Ministerio de Función Pública, bajo la dirección de la ministra María Jesús Montero, ha celebrado esta subida como un “compromiso con el personal público”. Pero los sindicatos no se tragan el cuento. UGT ha señalado que la propuesta del Gobierno para 2025-2028 —un 10 % acumulado en cuatro años— es “una ofensiva”, no un acuerdo. CCOO ha ido más lejos: si no hay una oferta más ambiciosa, la huelga general de diciembre será “una realidad”. Y no es una amenaza vacía. En 2023, una movilización similar paralizó hospitales, escuelas y servicios esenciales. Esta vez, la tensión es mayor.
Las fuentes sindicales revelan que el Gobierno habría propuesto un límite del 4 % acumulado para 2025 y 2026. Con una inflación en octubre de 2024 por encima del 3 %, y previsiones de que se mantenga entre el 1,7 % y el 2,9 % en 2025, cualquier subida por debajo del 3 % anual es, en la práctica, una rebaja. Los funcionarios no ganan: pierden. Y lo saben.
La pérdida de poder adquisitivo: una herida abierta
CSIF recuerda que, desde 2022, los funcionarios han perdido un 5 % de su poder adquisitivo. Desde 2010, tras los recortes de la crisis, la caída es del 20 %. Esto no es una estadística. Es una madre que tiene que elegir entre pagar el gas o comprar medicinas. Es un profesor que trabaja 40 horas a la semana y no puede permitirse ir al médico. Es un auxiliar de enfermería que vive en alquiler y ve cómo su sueldo se evapora frente a los alquileres que suben un 12 % en Valencia.
La paradoja es que, en 2016, tras años de congelación, se volvió a subir el sueldo. Pero nunca se recuperó lo perdido. Ahora, el Gobierno intenta vender una “normalización” que, en realidad, es una continuidad del estancamiento. Y eso, en plena crisis de coste de vida, no se puede llamar gestión.
Lo que viene: el reloj corre
El Acuerdo Marco caduca el 31 de diciembre de 2024. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública se reunió con los sindicatos el 19 de noviembre, pero sin resultados concretos. Los sindicatos insisten: no hace falta esperar a los Presupuestos. Ya se ha hecho antes —vía Real Decreto-ley—, como en 2020, cuando se revalorizaron los salarios en plena pandemia. ¿Por qué no ahora? Porque, en el fondo, no hay voluntad política. Solo cálculos contables.
La próxima nómina de noviembre traerá un extra de unos 150 euros, repartidos en las 14 pagas. Pero si la inflación sigue subiendo, ese dinero se evaporará en dos meses. Y el año que viene, ¿qué? ¿Otro 0,5 %? ¿O un nuevo pacto que ignore el mercado real?
¿Qué pasa con las universidades?
La medida también afecta a los trabajadores de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana. No son solo profesores. Son técnicos de laboratorio, personal de limpieza, administrativos, becarios. Muchos de ellos cobran menos de 1.200 euros al mes. Para ellos, el 0,5 % no es un reconocimiento: es un recordatorio de que nadie los ha escuchado.
Frequently Asked Questions
¿Por qué se aplica el aumento en noviembre y no en enero, como establece el acuerdo?
Aunque el acuerdo marca el 1 de enero de 2024 como fecha de efecto, la liquidación retroactiva se hace en la nómina de noviembre por razones administrativas y presupuestarias. La Generalitat Valenciana necesita tiempo para ajustar sus cuentas y asegurar fondos. Esto no significa que el aumento no sea retroactivo: los trabajadores recibirán la diferencia acumulada desde enero, distribuida en esta única nómina.
¿Cuánto dinero recibirá un funcionario con un sueldo de 2.000 euros al mes?
Un funcionario con una nómina mensual de 2.000 euros recibirá un incremento de 10 euros mensuales, lo que equivale a 120 euros anuales. Como el aumento es retroactivo desde enero, en la nómina de noviembre se le abonarán los 11 meses acumulados: 110 euros, más otros 10 euros correspondientes a noviembre. El total será de 120 euros, repartidos en una sola paga, no en 14.
¿Por qué los sindicatos rechazan la propuesta del 10 % hasta 2028?
Porque el 10 % acumulado en cuatro años equivale a un 2,5 % anual, muy por debajo de la inflación esperada. Con una inflación del 2,7 % en 2024 y 1,7 % en 2025, esa subida no cubre ni siquiera la pérdida de poder adquisitivo. Además, los sindicatos exigen que cualquier acuerdo plurianual garantice el poder adquisitivo, no que lo siga erosionando. Para ellos, es una propuesta que fija el sueldo en una tendencia de pérdida, no de recuperación.
¿Puede el Gobierno aplicar una subida sin los Presupuestos de 2025?
Sí. Ya se hizo en 2020 y en 2022 mediante Real Decreto-ley, aprovechando la emergencia sanitaria y la necesidad de estabilidad. Los sindicatos argumentan que la crisis de poder adquisitivo es una emergencia económica igualmente urgente. Lo que falta no es legalidad, sino voluntad política. El Ministerio de Hacienda tiene la capacidad, pero no la disposición para actuar sin un acuerdo con el Parlamento.
¿Qué impacto tendrá esto en los servicios públicos?
A corto plazo, poco. Pero a medio plazo, la desmotivación crece. En Sanidad, el 30 % de las plazas de enfermería en la Comunitat Valenciana están vacantes. En Educación, los docentes abandonan la profesión por otros empleos mejor remunerados. Sin una revalorización real, el sistema público se desmorona por dentro. El 0,5 % no salva a nadie: solo retrasa el colapso.
¿Hay precedentes de subidas similares en otras comunidades autónomas?
Sí. Cataluña y Andalucía aplicaron subidas del 0,5 % por el mismo mecanismo del Acuerdo Marco. Pero ambas comunidades han anunciado ya subidas adicionales para 2025, con fondos propios. La Generalitat Valenciana, en cambio, se limita a lo mínimo exigido por el pacto estatal. Eso refleja una diferencia de prioridades: mientras otras regiones invierten en retener talento, aquí se espera que la administración se mantenga con lo justo.
